Afiliadas de la provincia se reúnen para analizar cómo afectarán los nuevos cambios a las políticas de mujer y fijar un calendario de actividades
Las afiliadas del PSOE en la provincia critican que el Partido Popular pretende modificar una normativa que nació “fruto del trabajo de una comisión multidisciplinar de expertos y expertas y que ha dado sus frutos”, dado que ha conseguido que se reduzca, por primera vez, la tasa de interrupciones voluntarias de embarazo.
Se refieren así al anuncio por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón, que “se estrena” adelantando su pretensión de reformar de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que significa volver a una legislación que data de 1985 y que, por cierto, también recurrió en su día Alianza Popular.
Lo que le ocurre al PP, según denuncian las afiliadas socialistas, es que “debe atender las demandas de todos esos grupos e instituciones retrógrados que siempre han ejercido el poder liderados por hombres. En definitiva, esos que han considerado que la mujer tiene un papel reproductivo en la sociedad, que ni puede ni debe ser dueña de su propio destino y que no deben ser tratadas como a iguales”.
“La forma de que este sistema patriarcal se perpetúe es seguir ejerciendo el poder sobre el cuerpo de la mujer, no permitiendo que decida si seguir o no adelante con su embarazo”, censuran.
“Una vez más el Partido Popular continúa con su actitud paternalista, considerando que terceras personas pueden tomar parte en una decisión que debe ser única y exclusivamente de la mujer”, han recalcado en el transcurso de la reunión que han celebrado esta mañana en la sede del PSOE.
La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se aprobó con el objetivo de superar los problemas de inseguridad jurídica y desigualdad que planteaba la Ley de 1985 y proporcionar más información, más prevención, más protección y más derechos a la mujer embarazada. Se adaptó el marco jurídico a las recomendaciones de la Unión Europea y de los organismos internacionales, que defendían y defienden el derecho a decidir de las mujeres y contemplan una ley de plazos combinada con indicaciones. Las afiliadas socialistas de la provincia consideran que es una involución “en tiempo récord”.
Por otra parte, la Secretaría de Igualdad de la CEP de Burgos califica de “lamentable récord Guinness” que el Partido Popular, que lleva poco más de un mes en el Gobierno, ya pretenda incluir a víctimas de otro tipo de violencia en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, lo que supone “terminar con su espíritu y utilidad”.
Como ejemplo, sirvan las declaraciones de la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, cuya intención fue la de no renovar los contratos de las casas de acogida en su Comunidad Autónoma; o de la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien manifestó que daba igual cómo denominar a la violencia que sufren las mujeres.
“No nombrar la violencia contra la mujer como tal, sólo consigue ‘invisibilizar’ a las mujeres, pero parece que Mato no comprende la relevancia del cargo que ostenta”, han concluido las afiliadas socialistas que han participado en el encuentro de mujeres que ha organizado la Secretaría de Igualdad de la CEP de Burgos.
Autor: