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 El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presidido hoy la reunión con los delegados territoriales de la Junta. Los temas tratados han sido el seguimiento y el impulso de la implantación del Sistema de Intercambio Registral de Castilla y León (Sircyl) –por el que ya se han tramitado unos 365.000 documentos y ha supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros- y las líneas de ayudas dirigidas a dotar de liquidez a las explotaciones agrarias como consecuencia de la situación de sequía.

La Comisión de Coordinación Territorial, que tiene por objetivo coordinar las políticas de la Junta de Castilla y León, se ha celebrado esta mañana en Valladolid bajo la presidencia del vicepresidente De Santiago-Juárez. Además de analizar y tratar asuntos de coordinación general, los temas que han protagonizado la reunión han sido el seguimiento y la mejora en la implantación del Sistema de Intercambio Registral de Castilla y León (Sircyl) en nuestra Comunidad y las Órdenes publicadas en el Bocyl que dan cumplimiento a los acuerdos respecto a la situación de sequía pactados con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y que se derivan del acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno del 22 de junio por el que se declaró la campaña agrícola 2016-2017 como excepcional debido a los efectos climatológicos adversos y estableció medidas urgentes de apoyo al sector agrario.

Seguimiento de la implantación del Sistema de intercambio registral de Castilla y León

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, presente en la reunión, ha expuesto la situación en la que se encuentra la implantación del Sistema de intercambio registral de Castilla y León (Sircyl) y las mejoras que se están realizando. El pasado mes de marzo, la Consejería de la Presidencia puso en funcionamiento en la oficinas de asistencia autonómicas una nueva aplicación de registro, el Sircyl, que da soporte al sistema de Registro Único de esta Comunidad, cumpliendo lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pero avanzando notablemente en sus plazos de vigencia y con carácter pionero en el conjunto de administraciones españolas en lo que se refiere a la distribución electrónica interna a unidad tramitadora.

Este nuevo sistema facilita a los ciudadanos la realización de sus gestiones, que puede hacer de forma mucho más rápida y segura. Gracias a Sircyl los registros presenciales autonómicos pasan a ser oficinas sin papeles, ya que desde la propia ventanilla, salvo excepciones justificadas, se digitaliza la documentación que presenta el ciudadano en papel y se envía electrónicamente a su destino, bien sea de la Administración autonómica, o bien de cualquier otra Administración a nivel nacional, de manera sencilla, al instante y con plena validez jurídica, previa devolución al ciudadano de sus originales.

De Diego ha aportado como datos significativos que desde la implantación de este sistema se han producido unos 240.000 registros de entrada y cerca de 125.000 registros de salida, lo que ha supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros para la Junta de Castilla y León.

Modernización de la Función Pública

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, De Santiago-Juárez, ha compartido con los delegados territoriales los avances que se están produciendo para la reforma de la función pública de la administración de la Comunidad de Castilla y León y, especialmente, ha analizado lo relativo a las estructuras periféricas de la Junta y al catálogo de los puestos tipo.

Medidas excepcionales aprobadas por la Junta como consecuencia de la sequía

Los delegados de la Junta han sido informados también de que nuestra Comunidad ha sido la primera en poner en marcha medidas en forma de líneas de ayuda con las que minimizar los efectos que puede desencadenar una situación de sequía prolongada en la economía de muchas comarcas de Castilla y León. El vicepresidente ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar y realizar un seguimiento de estas medidas del ejecutivo autonómico en el territorio.

La declaración excepcional lleva consigo la flexibilización de los requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) y del Programa de Desarrollo Rural; contribuye a dotar de liquidez a las explotaciones agrarias al bonificar el 100 % de los intereses a agricultores profesionales; y garantiza el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo al establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones.

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